La conservación del patrimonio natural en la cuenca de los ríos Negro y Nare

© Liliana Aristizábal /CORPOCEAM. 

De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica, un área protegida es “un área geográficamente definida que esta designada, regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación”. Pero ¿qué hace tan especial a las áreas protegidas? Para empezar, son espacios físicos creados por el hombre con el fin de garantizar servicios ecosistémicos y la permanencia de valores culturales de las comunidades que las habitan; reflejan prácticas sostenibles del uso del suelo y juegan un papel importante en la mitigación y la adaptación del cambio climático. Solo por nombrar un ejemplo, muchas áreas protegidas albergan fuentes de agua que abastecen centros poblados y ciudades de todo el mundo.

En Colombia existen áreas protegidas de carácter público y privado, y en distintos ámbitos (nacional, regional y local). Todas ellas conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP al cual también se integran los actores, las estrategias y los instrumentos de gestión que los articulan. Los impactos reales en la conservación de nuestra biodiversidad solo son posible vinculando a todas estas áreas dentro de un sistema, para que cada una, en su singularidad, le apunte a los mismos objetivos de conservación.

Como una estrategia de descentralización y participación, existen los subsistemas regionales y estos, a su vez, son conformados por los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) y los Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas (SIDAP), los cuales se articulan a los Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP), para llevar a cabo su propósito, mediante los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015.

En la cuenca media y alta de los ríos Negro y Nare, se han declarado 35 áreas protegidas que suman 147.122 hectáreas. Distribuidas en diferentes figuras de conservación, estas hacen parte de los SIRAP Embalses y Valles de San Nicolás, donde se encuentran nueve distritos regionales de manejo integrado (DRMI), ocho reservas forestales protectoras regionales y una nacional, junto con 16 reservas naturales de la sociedad civil y una reserva forestal central.

No obstante, y pese al gran número de hectáreas declaradas, el reto actual consiste en la administración efectiva de dichas áreas, ya que su garantía de conservación depende en gran medida del reconocimiento social que de los aspectos jurídicos que la hacen legalmente un área declarada. Y es que, aunque parezca evidente, cabe recordar que la conservación es un proceso humano: solo los humanos la llevan a cabo. Por ello, es vital involucrar a las comunidades que habitan el territorio para gestionar y manejar conjuntamente las áreas protegidas.

En este orden de ideas, los acuerdos firmados en octubre de 2016 en el marco de los Diálogos por la Custodia del Agua incluyeron como acuerdos para la conservación del patrimonio natural implementación de acción colectiva (el desarrollo y la participación de diferentes organizaciones) y el apoyo a la ceración de áreas protegidas en sintonía con los municipios y las autoridades competentes. Pero, además, entre los acuerdos firmados está la construcción de multimecanismos, es decir, de incentivos para que las comunidades destinen áreas de sus predios a la conservación.

Custodia del Agua en el Oriente Antioqueño reconoce que, además de las declaratorias de áreas protegidas, es necesario vincular otros procesos de conservación como las experiencias de producción limpia, manejo de recursos silvestres, educación ambiental, monitoreo, ecoturismo articulados a procesos de desarrollo comunitario que involucran a comunidades e instituciones educativas. Los desafíos son grandes, pero los deseos de conservar el patrimonio natural de la región lo son aún más. Vamos, paso a paso, por el agua para todos.